La víctima imperfecta: el sesgo que desamparó a Carolina

Por: Cielo Ruiz

La vida de Carolina López Landaeta está inscrita en su propio cuerpo: una bitácora de resistencia grabada en más de 58 tatuajes que fijan los fragmentos de una existencia atravesada por la violencia, el desplazamiento y la pérdida. En su piel convive el nombre de quienes marcaron su destino, como el de Pablo, un hombre que llegó como una tregua inesperada y cuya muerte cerró el único espacio de calma que ella había conocido. Su vida es una sucesión de rupturas y una obstinada decisión de no dejarse vencer.

Para comprender el origen de estas marcas hay que volver a 1992 en Arauca, a la niña de 12 años que, en quinto de primaria, veía el aula como una obligación. Mientras los profesores explicaban en tableros gastados, ella contaba los minutos para que el timbre sonara. Al terminar el año, su padre le preguntó si quería seguir estudiando. Ella respondió con firmeza: “No, eso no es para mí”.

Tras dos años en casa, el deseo de no ser una carga la empujó a trabajar. En 1994, con tan solo 14 años, empezó en casas de familia haciendo aseo, oficio que, según recuerda, nunca fue pagado justamente. Tres años después, a los 17 años, se internó como empleada doméstica de tiempo completo, con los fines de semana como único respiro. Fue entonces cuando su vida empezó a desbordarse por otro camino. La crianza en un hogar evangélico chocó con la rebeldía de la adolescencia: las salidas, la fiesta y el alcohol fueron abriendo una grieta. En 1998, a sus 18 años, conoció a “un mancito” del barrio, en medio de esa rutina y quedó embarazada. Él reaccionó con cobardía y rechazo, lo que provocó el nacimiento de una niña que llegó al mundo desamparada. Durante sus primeros ocho meses, permaneció en un limbo legal porque su padre se negó a reconocerla. Ante esta urgencia, los abuelos maternos tomaron una decisión radical: la registraron como hija propia, quedando legalmente como hermana de Carolina.

La herida del abandono quebró su obediencia mientras seguía siendo apenas una muchacha. Cuando Daniela tenía un año y medio, la noche se convirtió en su espacio de escape: “Yo empecé como más rebelde, me iba para la calle, a bailar, a tomar, conseguir amigas por ahí. A veces no llegaba a la casa”, relata. 

A los 22 años, Carolina conoció a Cristo Rodríguez, un soldado del Ejército. Lo que inicialmente se perfiló como una promesa de protección se transformó pronto en un cerco asfixiante de sospechas y celos que la obligó a abandonar cualquier asomo de vida social. Envuelto más tarde en asuntos de contrabando en la frontera con Venezuela, el hombre arrastró a Carolina y a los niños a un constante éxodo. Vivieron tres años en Arauca, pero las amenazas de actores armados los obligaron a un desplazamiento forzado hacia Tunja.

En la capital boyacense, el encierro se volvió total. Él le prohibía arreglarse, maquillarse o hablar con los vecinos, y vigilaba incluso sus salidas a la tienda y las visitas a su hermana mayor. El apartamento terminó convertido en una celda de insultos cotidianos que también afectaban a los niños. En medio de ese entorno hostil, Michael Smith, el hijo que Carolina perdió a los siete meses de gestación, quedó como una ausencia temprana que ella asumió con resignación.

Para su hermano, Giovanny López, verla en ese estado fue doloroso; recuerda que la vio “achicopalada”, deprimida y alejada por un hombre que ni siquiera hacía mercado para el sustento diario. Daniela Fernanda López, hija de Carolina, también presenció el maltrato: “Yo la vi más desarreglada”, recuerda, describiendo cómo su madre caminaba oprimida y era tratada por sus hijos menores como la empleada del hogar. El maltrato directo la alcanzó a ella; siendo la mayor, intentaba poner orden y recibió golpes por parte de su padrastro. Su mayor dolor hoy es la impotencia: “Yo hubiera querido haberla sacado de ese lugar con tiempo”.

Tras diecisiete años bajo el yugo de una rutina ensombrecida, Carolina anunció que se marcharía con la menor de sus hijas, el agresor se tragó un puñado de pastillas psiquiátricas frente a sus hijos y gritó que, si moría, sería por culpa de ella. Tras un lavado gástrico de urgencia, el psiquiatra desarmó el teatro: “Mujer, este señor la está manipulando. Usted no tiene nada que hacer aquí, váyase”. Pero el regreso a casa empeoró el peligro, el hombre la acorraló contra los fogones de la cocina con un cuchillo, amenazándola: “Si usted cruza esa puerta, ya tengo contratado quién me haga la vuelta para mandarla a matar”.

Con el miedo en el pecho, en el 2019, Carolina acudió a la Comisaría de Familia en Tunja. Esperaba amparo, pero encontró una pared fría. Ante los funcionarios, el maltratador lloró, desplegó un relato manipulador y descalificó a Carolina, afirmando infidelidades. La respuesta de la comisaria abandonó los términos legales y derivó hacia un juicio moral sobre la vida íntima de la denunciante: “¿Por qué hace esto si usted tiene su marido? ¿Para qué se pone a buscar a otro?”. Esta pregunta fue el detonante. La indignación acumulada desbordó el cubículo: Carolina empujó el escritorio, hizo volar las carpetas y gritó lo que sentía. La reacción del sistema no fue activar protección, sino castigar su rabia. Las instituciones suelen exigir una víctima dócil, silenciosa y sumisa; cuando una mujer llega rota con un lenguaje del trauma, el sistema lo interpreta como “agresividad”. Invocando ese criterio, la comisaría la presionó para firmar un acta donde cedía la custodia de sus hijos al propio maltratador, bajo la amenaza de que terminarían en hogares de paso del ICBF.

Para su hermano, lo más doloroso fue ver que la institución la empujaba a conciliar: “siempre ellos buscan cómo conciliar...  y no les importa lo que está pasando la pareja en ese entonces, por lo menos en lo que le estaba pasando mi hermana”. Daniela vivió la misma indolencia: “No escuchan realmente. Nos tenían del timbo al tambo”. El llanto fingido del maltratador anuló la palabra de la madre. Devastada, Carolina tuvo que ceder ante las autoridades.

La consecuencia de aquel fallo fue un año de desgarro, extendiéndose entre 2019 y 2020. Carolina quedó condenada a ver a su hija menor solo a través de las rejas del jardín infantil “Los Leones”, mientras la niña lloraba llamándola. Por otro lado, su hijo, Yeison, completamente permeado por el discurso del padre, llegó a insultarla en las visitas llamándola “perra” y “prostituta” usando los prejuicios de la comisaría como armas de ataque.

Su hermano recuerda que Carolina ya no quería seguir con su vida. Sumida en una profunda depresión, buscó en el consumo de alcohol un refugio efímero para adormecer su sufrimiento.  

Sin embargo, en el 2020, la vida de Carolina experimentó una tregua de paz y amor que nunca había sentido gracias a la llegada de Pablo Emilio Sua Sáchica. Lo conoció en un taller de Tunja mientras buscaba empeñar un reproductor de DVD. Él no le ofreció juicios, le ofreció un tinto caliente, atención y un trato digno. Con el tiempo, Pablo se convirtió en un refugio: la cuidó, la apoyó económicamente y asumió el pago de las cuotas alimentarias que la Comisaría le exigía para seguir la batalla legal por sus hijos, sustituyendo el amparo que el Estado le negó.

Pero la calma siempre ha sido breve. El 27 de diciembre de 2020, Pablo murió en un accidente de carretera. Desde entonces, Carolina carga con esa ausencia y decidió marcar en su piel el recuerdo de su amado, junto con 58 tatuajes que le devuelven pequeños momentos de felicidad. Sigue caminando aferrada al último mandato que él le dejó antes de morir: aprender a defenderse sola y no permitir que nadie la vuelva a humillar.

Tatuaje en honor a Pablo 

Frente a esta historia, la psicóloga Angélica Ramírez, especialista en mediación de conflictos, advierte que una lectura institucional sin enfoque integral puede terminar revictimizando. “En contextos de violencia crónica, hay que mirar cómo, tanto ella como su entorno, intentaron sobrevivir y ver estas conductas como mecanismos imperfectos, contradictorios e incluso emocionalmente costosos, pero fueron formas de resolver un conflicto”, explica. Para la experta, el error del sistema está en observar solo el hecho aislado y no el trasfondo. “Tenemos que alejarnos un poco de los juicios de valor que podamos tener incluso de manera personal y ver el caso de una manera integral. Somos conscientes como profesionales que no nos podemos quedar solamente con lo que es visible”.

Por su parte, la comisaria Claudia Lucía Granados Talero explica los parámetros formales bajo los cuales operan: “La Comisaría lo que tiene en cuenta es primero la solicitud de la persona que refiere ser víctima de violencia. La Comisaría trabaja en temas de prevención, y el mecanismo legal que se utiliza es la imposición de la medida de protección de acuerdo a las leyes específicas que atienden la violencia intrafamiliar, como son la Ley 294 de 1996, la Ley 575 de 2000 y la Ley 1257 de 2008”.

Sin embargo, la distancia con la realidad deja ver una brecha dolorosa en el departamento. El sistema dice prevenir, aunque con frecuencia se limita a clasificar; dice proteger, pero convierte en folios archivados una violencia que ya dejó consecuencias irreparables. Las carpetas de denuncia de Carolina hoy acumulan polvo en los estantes de la impunidad. 

Pero el veredicto final sobre la existencia de Carolina no lo dictaron las comisarias ni los jueces. Quedo inscrito en su propio cuerpo, bajo la tinta oscura de sus tatuajes. Carolina se convirtió en una sobreviviente que transformó su propia piel en un mapa de resistencia. Hoy, a sus 46 años, trabaja “en lo que le salga” para sostenerse y sacar adelante a sus hijos. En un país que exige sumisión para validar el dolor de una mujer, sus tatuajes son una escritura de libertad: la prueba de que su historia solo le pertenece a ella. Una mujer que aprendió a caminar sola, demostrando que su voluntad es más fuerte que la indolencia de cualquier autoridad.