¿La tierra es de quién la trabaja?

Fecha de Publicación
Diciembre 13 de 2022
Categorías:
Comunicación Social
Foto por: Diana Benavides.

Lo que piensan los campesinos boyacenses de la reforma agraria.

Realizado por: Diana B García. 

Lo que piensan los campesinos boyacenses de la reforma agraria:

En Boyacá se genera un intenso debate sobre el tema de los baldíos en el departamento. Existe la controversia de quienes afirman que la tenencia de la tierra viene de siglos atrás y que solo se requiere formalizarla ante un despacho judicial. Por otro lado, están los que aseguran que sí existen tierras públicas y que deberían destinarse a campesinos sin terreno, con el fin de garantizar una vida digna al campesinado.  

Hay varios factores que se deberían tener en cuenta para un cambio o mejora en las reformas. Uno de ellos es que, hay muchas personas que viven en propiedades de falsa tradición, debido a la Sentencia T-488/14 que estableció restricciones a la actuación de los jueces con el fin de proteger los baldíos de la Nación para que, por la vía administrativa, sean adjudicados a campesinos sin tierra, impidiendo que la Agencia Nacional de Tierras legalice estos predios a los labriegos.

Este fallo tiene una fuerte oposición, como lo plantea Lázaro Rojas, agricultor y líder agropecuario del departamento de Boyacá, “se pretende decir que las tierras pertenecen al Estado y que los campesinos la usurparon y no es así, porque a ellos les ha costado el sudor de su frente y pues el esfuerzo para obtener esos dineros con los que pudieron lograr la compra de esas propiedades”.

Algo importante que también está en discusión es el alto minifundismo (Sistema de explotación agraria basado en la distribución de la propiedad de la tierra en minifundios o terrenos de poca extensión y baja productividad) y es que varios campesinos no tienen la unidad agrícola familiar establecida en la ley 160/94 y por este motivo no tienen propiedades y carecen de estas.

Tierra trabajada.


 ¿Qué piden los campesinos? 

“Como mínimo que haya un programa o un ente que en verdad nos defienda y ayude con la legalización de propiedades de falsa tradición”, expresó Uriel Junco, Jornalero Agrícola. Pero ¿En qué afecta la no legalización de estas tierras?, él agrega: “Esas tierras no son solo mías, en las escrituras figuramos cuatro hermanos, como no está legalizado, porque eso tiene que individualizarse cada lote o repartirse, entonces al momento de sembrar es un problema y por lo menos yo no puedo sacar un crédito, porque en el banco no me lo dan por no estar legal, entonces para un buen siembro se va buena plata y de dónde saca uno, los insumos están muy costosos, por eso yo no soy agricultor. Realmente falta apoyo, simplemente me toca abstenerme, digamos que se tiene la tierra, pero da la misma, no se puede acceder a ningún beneficio del estado”.    

“Si nos quitan la tierra o no podemos trabajar en ella, como mínimo se pide que nos den plata por esta o un desplazamiento para otro lado; no podemos quedarnos sin nada después de tantos esfuerzos y sacrificios” Jorge Díaz, Agricultor.   

Teniendo en cuenta estos casos y que no son los  únicos, ya que hay un sinnúmero de personas que presentan este problema, con el liderazgo del señor Lázaro Rojas y otros representantes campesinos, piden se adelante proyectos, como son: la no continuidad de la Ley de Páramos (Ley 1930 de 2018) que pretende, como se mencionó anteriormente expropiar a habitantes de estas zonas de protección, sin ningún tipo de reubicación ni remuneración, asimismo buscar el mecanismo para bajar el costo de los elevados precios de los insumos que se requieren para producir y lo principal eliminar, los tratados de libre comercio de los productos que se producen en Boyacá y en Colombia, que tienen arruinada la economía de los agricultores.   

¿Qué manifiesta el nuevo gobierno?

Es así como las tomas de tierras vuelven a ocupar un lugar central en el debate político, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, anunció que la reforma agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro se inicia con la titulación de 681.372 hectáreas de tierra que beneficiarán a campesinos, indígenas y afrodescendientes de 19 departamentos. 

"Pasar a la legalidad, a la formalidad significa tener acceso a todos los instrumentos que el gobierno ha previsto para los sectores que trabajan en el campo y que no han tenido la posibilidad de producir con los apoyos del Estado. Es un mensaje claro de que la política agraria es una realidad y, por tanto, no se justifican ni ocupaciones ni invasiones", recalcó la jefe de la cartera.  

Con esto se estima que se tenga en cuenta a todos los campesinos boyacenses.
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