Intruso a la vista

En los últimos días, la discusión en torno a la autonomía universitaria ha cobrado relevancia en Colombia, especialmente en el contexto de los acontecimientos recientes en la Universidad Nacional. Este principio, fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones de educación superior, no solo en Colombia sino en todo el mundo, es la piedra angular que garantiza la libertad académica y la independencia de las universidades para tomar decisiones en beneficio de la comunidad educativa.

La autonomía universitaria, más que un concepto abstracto, es un derecho consagrado en la Constitución y en la ley colombiana, que reconoce la capacidad de las universidades para autogobernarse, definir sus políticas académicas y administrativas, y elegir sus autoridades. Y hablando de autoridades, es preciso hacer una salvedad con lo que ocurrió en la “auto elección” del rector Ismael Peña, que, lejos de parecer alguien democrático, decidió asumir su cargo desconociendo el debido proceso en el Consejo Superior de la Universidad. Esto generó graves disturbios y el contundente rechazo de la comunidad estudiantil, incluso la reacción de los sectores políticos del país, porque sí, la UNAL está en el ojo de todo un escrutinio público.

Debemos aclarar que esta autonomía no debe entenderse como un cheque en blanco para actuar sin rendir cuentas o sin considerar los intereses y derechos de los estudiantes. En el caso específico de la Universidad Nacional, es crucial reconocer que cualquier intervención en sus asuntos internos debe realizarse con el máximo respeto a su autonomía; sin embargo, con la intromisión de la Ministra de Educación en la elección de Peña como rector, este principio de autonomía y autogobernanza se puso en riesgo y quedó plenamente en entredicho, pues la sorpresiva suspensión del proceso de elección y la solicitud de apertura investigativa por parte del Ministerio no cayó nada bien. Esto no significa que la universidad esté exenta de críticas o que no deba rendir cuentas por sus acciones, pero sí implica que cualquier medida que afecte su funcionamiento debe ser cuidadosamente evaluada y justificada. En esta ocasión, el actuar de un gobierno que se ha manifestado en múltiples ocasiones aliado de lo público y de las juventudes, se vio terriblemente arbitraria, pues quedó al descubierto el afán y el interés por influir directamente en la elección de una de las rectorías universitarias más importantes de Colombia.

Es comprensible que los estudiantes universitarios, como parte fundamental de la comunidad académica, expresen sus preocupaciones y demandas en relación con la gestión y las decisiones de las autoridades universitarias. Sin embargo, es importante que estas manifestaciones se lleven a cabo en un marco de diálogo y respeto mutuo, sin poner en riesgo la estabilidad y el funcionamiento de la institución.

Uno de los puntos que más me llamó la atención fue el hecho de que múltiples actores políticos de lo que hoy es la oposición salió en “defensa” de los derechos de los estudiantes, advirtiendo que, como finalmente el Consejo Superior revirtió la elección de Peña el pasado 6 de junio; esto era entonces un atropello contra la educación de los universitarios. ¿Entonces ahora abogan por quienes algún día juzgaron y señalaron de vándalos y destructores? ¿Ya no son unos vagos que no estudian? Es decepcionante la forma en la que el político colombiano adopta una posición camaleónica y se acomoda a lo que haya, pero bueno, de eso habrá espacio para hablar luego.

En conclusión, si bien la autonomía universitaria es un principio fundamental que debe ser protegido y respetado en todo momento, es necesario promover un diálogo abierto y constructivo que permita encontrar soluciones consensuadas en beneficio de toda la comunidad universitaria, es preciso que el gobierno lo piense mejor a la próxima, para que los colombianos no tengamos que recurrir al “Se nos están metiendo a las universidades”.